Varias comunidades avisaron al Gobierno sobre la rebaja de penas del ‘sí es sí’: «Tendrá repercusión»

«No estamos de acuerdo con una rebaja de las penas de prisión para el tipo básico de agresión sexual .En su redacción vigente, el artículo 178 Código Penal castiga las agresiones sexuales con penas de entre uno a cinco años; la propuesta los sanciona con penas de uno a cuatro años. Adicionalmente, se deja al arbitrio judicial la imposición de pena de prisión atenuada o multa si en la conducta no concurren las circunstancias del art. 180 del Código Penal», señalaron desde Andalucía. La Comunidad de Madrid, por su parte, consideró que «sería conveniente análisis por la Abogacía».

Los informes demuestran que Montero desoyó las advertencias de las comunidades autónomas, como lo hizo con las procedentes del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado, que avisaron de sus consecuencias. Tampoco atendió a las quejas de los propios expertos. «No estamos de acuerdo con que se bajen las penas en todos los delitos (excepto el acoso sexual) y sus agravantes, ya sean penas de prisión o de multa», expresaron desde la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (ADAVAS).

También la asociación de mujeres juristas Themis trasladó a Montero su rechazo a la rebaja de las penas que se incluía en el texto.

«Mostramos nuestro desacuerdo en la rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual», destacaban en el informe que fue enviado a la ministra, y en el que lanzaban un aviso rotundo: «La reforma va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales, lo que hace suponer que no se proporciona la importancia debida al bien jurídico protegido, que no es otro que el de la libertad sexual de las personas».

Moncloa lo sabía

Por otro lado, como ha revelado OKDIARIO, Moncloa conocía los riesgos de la rebaja de penas que recogía la ley y reclamó a Irene Montero que se modificasen.

«Pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», se trasladó desde el Ministerio de la Presidencia.

Desde Moncloa se consideró que «no parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Antes de la reforma, la violación estaba castigada con penas de cárcel de 6 a 12 años, pero, tras los cambios operados por Montero, la pena mínima se vio reducida, pasando de los 6 a los 4 años.

Con la nueva ley también cambian las penas para los casos con agravantes. Así, en el caso de la violación, como advertía Presidencia en su informe, los mínimos pasan de los 12 años de prisión a los 7. En el caso de la agresión sexual, las penas pasan de la horquilla de 5 a 10 años a otra de 2 a 8 años.

Pese a las quejas, Sánchez dio visto bueno al anteproyecto en julio del año pasado, en el Consejo de Ministros. La ley fue aprobada en el Congreso en agosto de este año.